Lo descrito relativo a Inglaterra sonará al lector español a cosa sabida. La estrategia de caballo de Troya seguida por el laborismo es la misma de los gobiernos de Zapatero, aunque en este caso puede haber un plus de fatuo énfasis, propio de la estulticia que siempre exhibe el presidente socialista español. Incluso esa ingeniería social de demolición interna recibe el pomposo y vacuo nombre de ‘alianza de civilizaciones’, e incluye liderar el lobby a favor de la entrada de Turquía en la Unión Europea, con la consecuencia añadida de la libertad de movimientos por Europa de más de 68 millones de musulmanes, a sumar a los 52 millones que ya habitan en el ámbito de la Unión.

‘Chueca no está en Teherán’, nuevo libro de Enrique de Diego

Reproducimos a continuación un extracto del libro ‘Chueca no está en Teherán, contra el caballo de Troya del multiculturalismo’ (Editorial Rambla), del que es autor el periodista Enrique de Diego, y que acaba de ponerse a la venta:

Lo descrito relativo a Inglaterra sonará al lector español a cosa sabida. La estrategia de caballo de Troya seguida por el laborismo es la misma de los gobiernos de Zapatero, aunque en este caso puede haber un plus de fatuo énfasis, propio de la estulticia que siempre exhibe el presidente socialista español. Incluso esa ingeniería social de demolición interna recibe el pomposo y vacuo nombre de ‘alianza de civilizaciones’, e incluye liderar el lobby a favor de la entrada de Turquía en la Unión Europea, con la consecuencia añadida de la libertad de movimientos por Europa de más de 68 millones de musulmanes, a sumar a los 52 millones que ya habitan en el ámbito de la Unión.

Aunque la islamización de España recibió un fuerte impulso con la política demencial de ‘papeles para todos’ perpetrada por el Gobierno socialista, y jaleada por los apoyos sociales subvencionados del partido socialista (docentes, medios de comunicación, cineastas, artistas, onegés y sindicatos), quienes primero abrieron las puertas sin control a la inmigración musulmana fueron Aznar y sus gobiernos. Ya a finales de 2001, tras el atentado en Nueva York de las Torres Gemelas, se incrementa la actividad de los integristas islámicos en España. En la operación Nova se detiene a dieciocho de ellos, comandados por Mohamed Achraf, que pretenden atentar contra la Audiencia Nacional. A finales de ese año, el grupo que cometerá la masacre de Atocha está prácticamente estructurado y mantiene reuniones en un piso de la calle Virgen del Coro de Madrid. En el año 2003 ya tienen en marcha la compra de explosivos en el mercado negro asturiano.

Esos peligrosos integristas no llegaron con Zapatero, sino que ya estaban con Aznar. Ante las críticas a su laxa política de inmigración, el entonces presidente del Gobierno del PP, respondió con frívola megalomanía que España tenía “problemas de país rico”, como corolario del lema más genérico de “España va bien”. No se exigió, como es el mínimo lógico de cualquier política de inmigración sensata, la aceptación de los valores básicos de la nación de acogida, de su ordenamiento legal (buena parte de los terroristas suicidas del 11 de marzo de 2004 eran conocidos narcotraficantes, sin que ello motivara su expulsión) y constitucional. Ni tan siquiera se primó la inmigración iberoamericana, de mucho más fácil integración por la lengua y la religión comunes.

El PP se mimetizó con la izquierda socialista y asumió su programa en materia de inmigración aunque con algún grado menos de radicalidad, pero es igualmente responsable de haber permitido y colaborado en la puesta en marcha de la ingeniería social de la estupidez multicultural y de la islamización de amplias zonas de España. La situación es muy grave en Murcia y Valencia, comunidades gobernadas por el PP; preocupante en Madrid; pero es especialmente grave en Andalucía y, sobre todo, en Cataluña. 

 La islamización en Cataluña ha sido incentivada tanto por los socialistas como por los nacionalistas catalanes, que coinciden en un extraño racismo y xenofobia contra todo lo español (lo cual es bastante delirante y complicado siendo ellos evidentemente españoles). Quienes son castellanoparlantes son perseguidos y discriminados por el nacionalsocialismo catalán, se les impide la educación en castellano (se persigue su uso en los recreos), se prohíbe su acceso a la función pública, se multa a aquellos que rotulan sus establecimientos en castellano. Esa política se proyecta y afecta a la inmigración castellanoparlante, a la que se percibe como un factor disolvente de la ‘identidad’ catalana que se identifica con el conocimiento y uso del catalán. Un integrista islámico que hable catalán no rompe el estulto imaginario del nacionalsocialismo. El efecto llamada de éste al islamismo ha sido más poderoso que en el resto de España. Es una grave responsabilidad de su mediocre y corrompida casta política.